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Prepagas y devolución del dinero: el beneficio que no está en el acuerdo judicial y el Gobierno anunciará

Permitirá cobrar el reintegro a afiliados que pagaron hasta donde aguantaron y se dieron de baja por no poder continuar.

Por otro lado, para que 7 de las prepagas más grandes hagan la devolución se espera una decisión que genera polémica.

Esta semana concluyó en la Justicia un capítulo importante del conflicto entre el Gobierno y las prepagas, pero todavía queda por delante lo que tal vez sea la verdadera gran batalla en la que ambos adversarios seguirán viéndose las caras: el expediente por cartelización que impulsa la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (CNDC).

Tan importante es esa contienda que las siete prepagas que por ahora se encuentran imputadas (se analiza la situación de otras 29) anhelaban que en el acuerdo que firmaron con el Gobierno por la devolución del dinero cobrado por encima de la inflación -al que arribaron en la madrugada del martes- pudiera haber una especie de amnistía en la acusación por cartelización.

Dicha intención fue expuesta desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y también fue admitida a Clarín por algunas prepagas. Pero en plena negociación el Gobierno les respondió que por ahí no pasarían, con lo que la incriminación por los supuestos aumentos equivalentes y simultáneos se mantuvo en pie. En caso de que ese delito se compruebe, las empresas pueden recibir fuertes multas.

Lo que no quedó contemplado en el acta firmada el martes a la madrugada, tras una extensa jornada en Tribunales, es qué pasará con el reintegro para los “caídos del sistema”, es decir, aquellos que por no poder seguir pagando la cuota tuvieron que dejar su prepaga. El acuerdo sólo prevé que se les permita volver a ser afiliados bajo las mismas condiciones que antes de la renuncia. No dice, en cambio, qué pasará con la devolución de los que no tienen intenciones de regresar.

El juez Juan Rafael Stinco logró que el Gobierno firmara un acta de acuerdo con 41 prepagas el martes a la madrugada. Foto: Senado TVEl juez Juan Rafael Stinco logró que el Gobierno firmara un acta de acuerdo con 41 prepagas el martes a la madrugada. Foto: Senado TV

Clarín consultó a fuentes del sector que estimaron que los “caídos” oscilan entre el 2 y el 5 por ciento de los afiliados, según la empresa. Si bien no representa una gran incidencia sobre el total, sí la tiene para cada una de esas personas que en los últimos meses pagaron cuotas por encima de la inflación hasta donde les aguantó el bolsillo y en determinado momento no pudieron seguir sosteniendo la cobertura.

De esa cantidad, algunos dejaron la prepaga antes y otros después, en función de la resistencia económica que hayan tenido. La cuestión de esa devolución no quedó contemplada en el acuerdo judicial del Gobierno con las prepagas simplemente porque, en rigor, lo pactado no se trataría de una devolución, sino de un crédito. Es decir, los afiliados recibirán un descuento sobre la cuota que pagan, que formalmente se traducirá en la “devolución”.

Ante la consulta de Clarín, desde las prepagas y desde el Gobierno hubo cierto grado de duda sobre el tema. Finalmente, fuentes de la SSS confirmaron que esos ex afiliados también podrán recibir las devoluciones y que “en los próximos días se va a informar cómo se implementará. Una vez informado deberán seguir el trámite con la prepaga”. Y agregaron que “van a recibir en la medida que hayan pagado. Es decir, si pagaron una cuota recibirán en base a eso. Y así”. Desde las empresas, hasta donde pudo saber este medio, aún no estaban enteradas de este “apéndice”.

Hay otros dos grupos para los que, en mayor o menor medida, la devolución del dinero aún no es un hecho. Si bien las 41 prepagas que firmaron el acta representan a la gran mayoría de los afiliados del país, quedó exenta una buena cantidad de empresas con afiliados huérfanos que preguntan qué pasará con ellos, ya que esas compañías no están legalmente obligadas a devolver dinero alguno.

Polémica por la cautelar paralela

Un tercer grupo sí es el más numeroso de todos y ahí la solución que se avecina para que la devolución del dinero se haga efectiva a partir de julio, cómo está previsto, ya genera polémica. A como están las cosas hoy, siete de las prepagas más grandes del país investigadas por cartelización (OSDE, Galeno, Hospital Británico, Medifé, Swiss Medical y Omint) técnicamente no podrían cumplir con el acta firmada ante el juez Juan Rafael Stinco.

Siete de las prepagas más grandes del país continúan alcanzadas por la cautelar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.Siete de las prepagas más grandes del país continúan alcanzadas por la cautelar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Eso es porque aún sigue vigente la cautelar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que el 17 de abril ordenó que por seis meses esas compañías debían aumentar las cuotas por IPC, plazo que vence en octubre y es contradictorio con el acuerdo judicial. Fuentes de las empresas aseguraron que si esa cautelar no se diera de baja sería un obstáculo para avanzar. Fuentes del Gobierno aseguraron a Clarín que sobre ese punto pronto habrá novedades.

Hernán Reyes, diputado de la Coalición Cívica que encabezó la denuncia por cartelización de las empresas, cuestionó que una cosa quede subordinada a la otra. “No corresponde que se dé de baja la cautelar de la CNDC porque se investigan dos hechos distintos en uno y otro ámbito. No es transaccionable. La Comisión tendría que encontrar razones autónomas en el proceso administrativo para dar de baja su cautelar (N de la R: sólo la parte del IPC por seis meses, ya que el expediente por cartelización continuaría) o resolver el proceso antes de julio”.

Reyes agregó que “no hay razones de ningún tipo para que den de baja la cautelar en el proceso administrativo. Y si el motivo es político, daría cuenta de que la CNDC como organismo de control es un cero a la izquierda. Si eso llegara a suceder, como denunciantes pediremos una audiencia con las autoridades para que expongan cuáles son los argumentos que tienen para hacerlo”.

El legislador también criticó el hecho de que no haya una señal clara desde el Gobierno sobre la política de precios para la salud privada: “Primero liberaron las cuotas con el DNU 70, luego impusieron aumentos por IPC, y si ahora dieran de baja la cautelar las empresas quedarían otras vez autorizadas a aumentar según su criterio. Nada garantiza que no vuelva a ocurrir lo mismo que ya pasó en enero”.

La única garantía sería la experiencia atravesada y el autocontrol. El presidente de una de las prepagas que figura entre las siete acusadas de cartelización, le dijo a Clarín este miércoles algo que tal vez permita vislumbrar un horizonte con una actualización de cuotas más sustentable: “Si bien nosotros aumentamos desde enero lo que consideramos que era necesario aumentar, eso provocó un malestar social muy importante que no ponderamos en la justa medida”.

PS

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