Después de desmantelar el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y degradarlo a subsecretaría, el Gobierno anunció su disolución.
La fiscal Claudia Barcia, al frente del área desde marzo, presentó su renuncia.
Despedirán a 500 trabajadores.
En la misma semana de otra movilización de Ni Una Menos contra la violencia machista, el Gobierno disolvió la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Su titular, Claudia Barcia, fiscal especializada en Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires, presentó la renuncia. Se había hecho cargo de la gestión en marzo. El área venía funcionando erráticamente, sin comunicación de actos ni acciones en un contexto de un femicidio diario.
Trabajadoras y trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ya habían denunciado este martes un “vaciamiento del área” y aseguraron que “el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs”.
“A un día del Ni Una Menos que volvió a llenar las calles de todo el país, nos enteramos por directivxs de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex MMGYD) que el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs”, informaron desde la Secretaría de Comunicación del ex Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad.
“Transcurridos los primeros 5 meses de gobierno, nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general”, sigue el comunicado.
Un área sin rumbo
Dos semanas atrás, a través de un decreto y sin ninguna explicación, sorpresivamente el Gobierno transfirió a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
“Razones de gestión tornan menester asignar la competencia relacionada con el desarrollo de las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO al MINISTERIO DE JUSTICIA -dijo el decreto-. La medida propuesta resulta impostergable para la gestión del gobierno“.
Desfinanciamiento y cuestionamientos
“En estado de alerta”. Así se llama el monitoreo de políticas contra la violencia entre diciembre – mayo de 2024 que hizo el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): “Las políticas contra la violencia de género por parte del Estado Nacional han tenido escasos avances en los últimos 6 meses. Las principales políticas destinadas a mujeres y LGTBI+ en situación de violencia por motivos de género, incluidas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024, se encuentran paralizadas o con escasa ejecución”.
“En la actualidad nos encontramos con una gran dificultad para poder contar con información oficial respecto a la implementación de los programas dependientes de la Subsecretaría. Contar con información pública es necesario para poder monitorear el correcto y efectivo cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el Estado -dice el informe de ELA-. La red de LinkedIn de la subsecretaria Barcia no constituye un medio de comunicación formal. No es un canal efectivo para la visibilización de las acciones del área a su cargo ni respeta la ley de acceso a la información”.