“Repartan la comida, sinvergüenzas”, exclamó el dirigente social, que volvió a cruzar a la ministra Capital Humano.
Apuntó que las entregas realizadas hasta hoy poco tienen que ver con emergencias.
Y desafío al Gobierno: “Estoy esperando que me hagan una denuncia”.
Juan Grabois redobló sus críticas hacia la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, debido a los depósitos de alimentos destinados a distribuir a comedores populares.
El dirigente social realizó un largo posteo en redes sociales, que primero borró y después volvió a publicar, donde apela a la información oficial ingresada por el Gobierno nacional en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario donde está imputada la funcionaria del gobierno de Javier Milei.
“Hay en los galpones del gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos; para colmo hay 339.867 kg de leche en polvo que rinden 2.718.936 litros de leche líquida que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega. En total hay 924.970 kilos de leche. ¡Repartan la comida, sinvergüenzas!”, escribió.
“Estoy hablando solo de alimentos secos del galpón, es un 2 o 3 tres por ciento de lo que se necesita para cubrir la demanda, que se hacía a través del PNUD y se hacía bien”, afirmó en la entrevista.
Grabois detalla que las entregas realizadas hasta hoy poco tienen que ver con emergencias, tal como afirmó el vocero Manuel Adorni, sino que se derivaron a instituciones religiosas, municipios, provincias y a “un conocido movimiento piquetero” que recibió 225,050 kg de alimentos.
“Dejo en claro que me parece muy bien que dichas instituciones reciban alimentos, lo que me parece mal es que el gobierno mienta permanentemente para justificar su insensibilidad e ineptitud, pero sobre todo que esté desabasteciendo el 90% la red de ayuda social que tejimos durante décadas para abordar los problemas básicos que ni el estado ni el mercado resuelve en un contexto de duplicación de la extrema pobreza”, agregó.
Además, sostiene que si bien no hay una sola denuncia sobre el reparto de alimentos por parte del actual ministerio de Capital Humano, van a demostrar “que todos los convenios de alimentos realizados en los últimos años a través del PNUD con las organizaciones sociales que patrocino como abogado se ejecutaron y rindieron de manera incuestionable”.
“La decisión de rescindirlos -pese a las auditorías nacionales e internacionales- en el marco del crecimiento de la indigencia es producto de una criminal arbitrariedad política que implica abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario”, concluyó Grabois.
Más tarde, durante un reportaje en El Destape, el dirigente social remarcó que en la actualidad hay que “priorizar la guerra del pan” y criticó al Gobierno por la falta de diálogo para solucionar la problemática de asistencia a los sectores populares.
Además, adelantó que el ministerio de Pettovello debe entregar el plan de distribución de alimentos a los comedores populares, porque sino -según dijo- estará en desobediencia y cometerá el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Es un nivel de indiferencia, sadismo, una cuestión de clase pero hay una filosofía que es ‘si tuvieran hambre estarían muertos en la calle'”, agregó en referencia a Pettovello y parafraseando las palabras de Milei en Stanford. Y desafió al Gobierno: “Estoy esperando que me hagan una denuncia”.
Días atrás, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realizó una protesta en el galpón de Villa Martelli, donde se encuentran almacenadas alimentos, que el juez Sebastián Casanello ordenó repartir.
La decisión de la Justicia apuntaba a la distribución de unas 5.000 toneladas de alimentos que se encuentran en depósitos de Villa Martelli, en Buenos Aires y Tafí Viejo, en Tucumán.
Sin embargo, la medida fue apelada por Capital Humano, en contra de la orden de distribuir 5.000 toneladas de alimentos a comedores y merenderos. Y fue aceptada por el juez Casanello.
A partir de esta decisión, es la Cámara Federal porteña la que tendrá la última palabra en esta disputa en la que desde la cartera que dirige Pettovello se insiste en que “la distribución es una política de Estado no judiciable”.
Este expediente inició tras la presentación de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que responde a Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Puntualmente, se trata de un amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Humano.
Entre los principales argumentos, el amparo sostiene que el Gobierno debe garantizar “el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios” ya que desde que asumió limitó la entrega de mercadería.