De esta manera, la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) volverá a ser controlada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
La Justicia Federal le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que le devuelva a la UATRE el control de la Obra Social de los Peones Rurales y revierte una de las medidas más controversiales de la Superintendencia de Servicios de Salud. El fallo se da luego de detectar una serie de irregularidades en los pasos a seguir para resolver su intervención y, por este motivo, investigará a funcionarios del gobierno de Javier Milei y al diputado nacional Pablo Ansaloni por el delito de Asociación Ilícita y Tráfico de Influencias.
En el fallo, le piden al Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo que presente los informes en los que se basa para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, se ordenó “la suspensión preventiva de los efectos la resolución fecha 05/08/2024 RESOL-2024-1612-APN-SSS#MS”, con la que se intervino la institución “haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla”.Esta resolución ocurre tras la presentación judicial del líder de la UATRE, José Voytenco, patrocinado por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la Osprera Lucas Eksiyan, con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá, en la que advierten sobre una serie de irregularidades en el proceso administrativo. Entre ellas, explican, que la Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, solo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención.
UATRE: qué dice el fallo de la justicia
Según el fallo, el estado contable “crítico” que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el “análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023” en el que “se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido”.
Además, la Justicia remarca que tampoco coincide con la realidad el repaso de la situación prestacional que se detalla en la Resolución ni su nivel de litigiosidad. En ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que pueden constatar efectivamente.
El fallo se da luego de detectar una serie de irregularidades en los pasos a seguir para resolver su intervención
UATRE: cómo sigue la investigación
Por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, serán investigados el propio Oriolo y los titulares de distintas áreas técnicas que participaron del proceso. También contra el diputado nacional Pablo Ansaloni, “por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la OSPRERA y hacerse el control de la Obra Social”.
Ansaloni, quien hoy es dirigente de La Libertad Avanza, tuvo un paso por OSPRERA y su gestión finalizó con una denuncia por una presunta defraudación multimillonaria de la institución de salud.
La respuesta del Gobierno
En un comunicado difundido horas más tarde, la Superintendencia de Servicios de Salud confirmó la intervención de la obra social y argumentó que “desde que comenzó el año, el organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud”.
“En ese marco, se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante, a tal punto que, el propio Juez, a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial, al mismo tiempo que aumentaba la deuda prestacional de la obra social”, señaló.
Además, aseguró que en su fallo, fue “el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara –a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio”. Los valores publicados son: presidente, $14.005.643; vicepresidente, $12.178.820; tesorero, $12.178.820; secretario de Actas, $12.178.820; veedor judicial, $11.397.819, gerente Legales, $8.592.464.
“El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado”, agregó.
En último lugar, dijo que “el propio juez introdujo referencias a una interna gremial, donde uno de los denunciantes es parte interesada” y que “esta situación podría interpretarse como una toma de partido en conflictos gremiales internos, lo cual deja en evidencia la percepción de imparcialidad que debe regir en toda actuación judicial”.
“Desde la Superintendencia de Servicio de Salud seguimos trabajando para reordenar el sistema de salud a partir de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios”, finalizó.