El asesor todoterreno de Javier Milei es un funcionario “sin firma”, por lo que se encontraría exento de eventuales complicaciones judiciales.
Controla áreas clave del Gobierno, influye en la toma de decisiones cotidianas del Gobierno y es maneja información de carácter privilegiada.
Santiago Caputo integra el trípode de poder del Gobierno pero en lo formal reviste como asesor contratado por la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, es un funcionario sin “firma”, por lo que se encontraría exento de eventuales complicaciones judiciales y, en los hechos, gana menos que los ministros que habitualmente peregrinan hasta alguno de sus despachos de Casa Rosada para coordinar distintas presentaciones.
De acuerdo a sendos pedidos de acceso a la información pública realizados por Clarín, el asesor presidencial trabaja bajo un contrato 1109, los vulgarmente denominados “monotributistas” que ofrecen “servicios personales destinados a desarrollar estudios o programas especiales”, por el que está nominado como “consultor nivel II”. A la postre, percibe mensualmente “3750 unidades retributivas” que, al día de hoy, ascienden a $1.872.525. “Pero de esa plata tiene que descontar obra social y jubilación”, ironizó un delegado de ATE consultado.
Por este tipo de contratación, Caputo no está obligado a informar sus bienes a la Oficina Anticorrupción. Desde el organismo conducido por Alejandro Melik indicaron que “el Sr. Santiago Caputo no se encuentra incluido en los listados de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral remitidos por el órgano contratante en ejercicio de sus atribuciones”.
El asesor, de 38 años, había trabajado en la estructura que había construido Jaime Durán Barba en los años en los que pavimentó el camino de Mauricio Macri hasta la Casa Rosada. Luego forjó una consultora con Rodrigo Lugones -su padre Mario brinda asesoría en el Ministerio de Salud, y con Guillermo Garat, que desembarcó en Relaciones institucionales de YPF y, según voces insidiosas, desde allí manejaría la millonaria caja publicitaria de esa petrolera.
Para la OA, Caputo tampoco está obligado a seguir las políticas de integridad para evitar eventuales conflictos de interés. De acuerdo a una respuesta oficial, “las instrucciones preventivas autónomas” que envía la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia sólo están destinadas a “funcionarios indicados en los incisos a) y b) del artículo 6º [con jerarquía igual o superior a Subsecretario y autoridades superiores de los organismos descentralizados, entes y empresas del Poder Ejecutivo Nacional con instrucciones sobre sus deberes y obligaciones de ética pública. Estas recomendaciones se hallan publicadas en el siguiente enlace del sitio web oficial: https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/prevencion/conflictos-intereses/instruccio nes-preventivas”. Pero esa web hoy es inexistente. De todos modos, el asesor no está obligado a seguirlas.
Para ex titular del ENRE Walter Martello, que también realizó presentaciones ante la OA para conocer la situación del asesor, la ley de Ética Pública “no sólo fue sancionada para rendir cuentas sobre tu patrimonio sino sobre los conflictos de intereses que puede generarse en la gestión y claramente por los dichos del propio Presidente, Caputo influye en la toma de decisiones cotidianas del Gobierno y es claro que maneja información de carácter privilegiada”
El dirigente, además, recordó que el funcionario fue designado como “asesor presidencial” en una resolución de la Secretaría General pero en los hechos figura con otro estatus en el organigrama oficial. Ese “error”, observó a este diario, lo haría pasible de los alcances del decreto reglamentario 164/99 que, “en su artículo 2 es categórico ya que dice que se encuentran obligados a presentar DDJJ ´sólo los funcionarios que en forma regular, de manera permanente o transitoria, cualquiera sea la modalidad de la relación laboral, efectúen tareas de asesoramiento a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional´”.