Se presentaron los resultados de una auditoría que ordenó Julio Alak.
Los restos pertenecían a al menos 13 mil personas no inhumadas.
El hallazgo reveló serias falencias en el funcionamiento del cementerio
Con severas críticas a la gestión de su predecesor, el intendente de La Plata, Julio Alak (UxP) confirmó este jueves que los restos óseos arrumbados en varias dependencias del cementerio y hallados en febrero pasado corresponderían a “por lo menos” 13 mil personas que no fueron inhumados como correspondía.
El jefe comunal presentó los resultados finales de una auditoría que se realizó en la necrópolis luego de que hace cuatro meses encontraron más de 470 ataúdes y casi 3.000 bolsas de residuos llenas de huesos humanos en un estado “calamitoso” según se informó entonces.
“Aunque es difícil establecer un número preciso, se estima que los restos corresponden a una cifra cercana a 13.000 personas. Todos abarrotados en 7 depósitos distintos, ninguno oficialmente designado para dicha función”, explicaron las autoridades de La Plata en la exposición que se hizo en el Salón Dorado de la Municipalidad.
Cuando se conoció el macabro hallazgo, Alak pidió la intervención de la Justicia de La Plata. Se inició una investigación en el fuero penal y además se pidió la intervención del antropólogo forense y funcionario bonaerense Alejandro Icháurregui, quien se desempeña en el ministerio de Seguridad. Estuvo a cargo de una investigación que buscaba identificar los restos. Incháurregui es conocido por su experiencia en tareas de identificación de restos humanos como director del Equipo Argentino de Antropología Platense (EAAF)
“La desidia con que se ha manejado el Municipio de La Plata en el pasado con la administración del cementerio es una falta de respeto a las personas fallecidas, a sus familiares y a la comunidad toda”, declaró el intendente, ex ministro de Justicia de Nación y de Provincia.
Hasta diciembre del año pasado, la administración de la capital bonaerense estuvo a cargo de Julio Garro (Juntos por el Cambio), quien permaneció por dos gestiones. Los funcionarios del gobierno anterior argumentaron que los sitios donde permanecieron abandonados los restos óseos estaban “clausurados” por la Justicia, desde que se registró la inundación de 2013. Entonces hubo una investigación que intentaba determinar cuál había sido el número final de muertos por esa tragedia climática. Y entre las sospechas que asomaban estaba la posibilidad de que se hubiesen ocultado cadáveres en el cementerio.
Ahora, Alak consideró que “el estado del ente oficial y la disposición final de los muertos es una muestra elocuente y concreta del quiebre financiero y operativo que recibimos el 10 de diciembre”. Y anunció medidas que apuntan a regularizar la situación.
“Vamos a promover el proceso de reinhumación de los restos, una nueva normativa que regule el cementerio, un plan de puesta en valor del espacio, que incluye la construcción de un nuevo osario y la creación de una unidad administrativa especial para su administración”, enumeró el jefe comunal.
Desde entonces, el equipo dirigido por Incháurregui realizó un trabajo que busca esclarecer el origen de las irregularidades y busca confirmar la identidad y la procedencia de los restos. La tarea demandará varios meses, adelantaron en la comuna.
PS